Hace unos años, numerosos progenitores españoles, motivados y acicateados por la Iglesia católica y asociaciones afines a esta, dijeron acogerse a la objeción de conciencia para evitar el adoctrinamiento de sus hijos a manos de la diabólica "Educación para la ciudadanía". Como en este país los planes educativos apenas duran un par de telediarios, la polémica quedó enterrada por otra, y aún por otra más.
Decían los progenitores, o mejor dicho, decían las asociaciones a través de las que los progenitores vehicularon sus peticiones de objeción de conciencia, que la asignatura superaba los límites de lo que puede enseñar el Estado. El legislador, decían, se infiltraba en las casas de los ciudadanos a través de los adoctrinados niños, que repetirían consignas de género en los salones de las buenas familias españolas.
Lo que nunca dijeron los objetores es por qué no querían que sus hijos fueran adoctrinados en la plena igualdad moral, o sea, en la irrelevancia ética de la orientación sexual o de las elecciones de género, que era el tema que suscitó la polémica. Nunca tuvieron la obligación de decir lo que pensaban y por qué se oponían, lo cual evitó que se discutiera sobre lo obvio, a saber, que aquellos que salen beneficiados por el status quo no pueden hacer nada más que oponerse a los cambios.
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